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Reforma fiscal se debilita en Costa Rica con escándalo tributario en Gobierno



San José | Efe - La renuncia del ministro de Hacienda por evasión de impuestos y del director de recaudación de Costa Rica por atraso en el pago de los mismos amenaza la reforma fiscal que impulsa el Gobierno, cuya retirada reclaman los sindicatos ante lo que califican de falta de credibilidad para imponer más tributos a la población.

"Los acontecimientos últimos debilitan la posición política y ética del Gobierno, no solo porque dos funcionarios emblemáticos de la reforma se hayan visto envueltos en estos escándalos (...) sino porque antes de cobrar más impuestos la gente tiene razón cuando aduce que lo primero que hay que hacer es cobrar bien", declaró a Efe el analista y economista, Henry Mora.

La reforma tributaria ha sido el proyecto estrella del Gobierno de la presidenta, Laura Chinchilla, ante el elevado déficit cercano al 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Una investigación del diario La Nación, publicada el 26 de marzo pasado, indicaba que once ministros, entre ellos el de Hacienda, Fernando Herrero, tenían años de no actualizar el valor de sus propiedades, y por ello pagaban menos impuestos de lo correspondiente.

El diario también reveló que una empresa de la esposa de Herrero y fundada por ambos, no declaró ingresos por unos 100.000 dólares en 2008.

Herrero renunció a su cargo el pasado lunes, según él, para "proteger" a Chinchilla y el Gobierno y no generar "distracciones" en el trámite de la reforma fiscal, la cual busca recaudar cerca del 1,5% del PIB (unos 600 millones de dólares).

Un caso similar vivió Francisco Villalobos, jefe de Tributación Directa, ente encargado de cobrar los impuestos, pues La Nación publicó que el funcionario estaba moroso en impuestos sobre la renta de 2008 por poco más de 3.000 dólares.

Villalobos calificó esta situación como un "error inexcusable" y renunció al cargo la noche del martes, confirmó el Gobierno.

Para el economista Mora "en materia de moral tributaria como en cualquier otro asunto de moral, se debería predicar con el ejemplo", y afirmó que antes de pedir más impuestos el Gobierno debería impulsar proyectos que se encuentran en el Congreso para combatir la evasión, el lavado de dinero y mejorar la calidad del gasto público.

Por su lado, el sector sindical ha afirmado que el Gobierno ya no tiene "moral" ni "credibilidad" para pedirle a los ciudadanos que paguen más impuestos.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la mayor central sindical del país, declaró a Efe que "como nunca antes queda en evidencia que las distintas formas de evasión están en las poderosas esferas políticas, económicas y financieras".

"Pensamos que perdió mucho espacio político doña Laura (Chinchilla), su Gobierno queda muy debilitado para seguir abogando por el paquete tributario", expresó Vargas.

El dirigente manifestó que es muy posible que los sindicatos realicen manifestaciones en contra del proyecto fiscal en las próximas semanas.

"Retiren ese plan fiscal de la corriente legislativa porque golpea a los que menos tienen", dijo Vargas.

La reforma tributaria ya fue aprobada por el Congreso en el primero de dos debates requeridos y se encuentra en análisis de la Sala Constitucional.

El escándalo de los funcionarios de Hacienda ocurrió mientras la presidenta Chinchilla se encontraba de viaje oficial en Nueva York.

En unas breves declaraciones divulgadas este miércoles por medios locales la presidenta dijo a su llegada al país avanzada la noche del martes que "estos hechos confirman que Costa Rica necesita reformar su legislación tributaria para evitar la evasión".

"Más bien tomamos impulso y seguiremos impulsando la reforma. Ahora más que nunca tomamos fuerza para enfrentar esta lucha tan compleja", concluyó la mandataria.

En la reforma fiscal se sustituye el impuesto de ventas del 13% por uno al valor agregado del 14%, que amplía los productos y servicios por los que hay que tributar, y además incluye un nuevo gravamen del 2% para los servicios privados de salud y educación, así como un nuevo impuesto de renta global y modificaciones al de renta.


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